Es evidente que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, relacionado con el derecho a la vida, a un medio ambiente equilibrado y sostenible, a una integridad física y a la posibilidad de acceso a los bienes y servicios que contribuyan a la salud social e individual.
Varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana sobre los Derechos de los Pueblos y Ciudadanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho a la salud, entendido como «(…) estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. (…) «(OMS, 2014).
Por otro lado, «El concepto ecológico de salud presupone armonía y compatibilidad entre el organismo y el medio ambiente” (Hanari, 1999: 92). Con el cambio climático, la crisis ecológica se refleja inevitablemente en la crisis de la salud.
Existe una estrecha relación entre la protección del medio ambiente y el ejercicio del derecho a la salud como se evidencia en la declaración de Estocolmo, que enfatiza que el derecho a uno entorno de calidad permite una vida digna y de bienestar.
Sin embargo, lo que estamos presenciando y sufriendo es la violación permanente del derecho a la salud, con personas expuestas a agentes químicos peligrosos, por inhalación, contacto y consumo, con efectos cancerígenos, tóxicos o de alteraciones endocrina, productos que, en su mayoría, duran muchos años después de su utilización, haciendo enfermar y matando a las personas, enfermando y matando a la naturaleza, enfermando y matando el presente y el futuro de la humanidad
Hay un comportamiento suicida puesto en marcha por los poderosos causantes de la gran crisis medioambiental a nivel planetario y que atenta contra el derecho a la salud de toda la humanidad.
En este sentido, tenemos un ejemplo concreto de la actual pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus últimas consecuencias? No entraré en las razones de esta causa. La referencia sólo sirve para recordar que vivimos en un contexto en el que la violación del derecho a la salud es sistemático, en el que la humanidad está a merced de decisiones políticas poco comprometidas con los derechos humanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 11 de marzo de 2020, al COVID-19 como pandemia y emitió una serie de recomendaciones de salud para ayudar a aliviar la proliferación del virus. Inmediatamente se manifestó el problema: la mayoría de la población mundial que es pobre no puede responder positivamente al llamamiento porque no puede quedarse en casa: algunos no tienen casa, otros tienen casas en condiciones insalubres, hay casas donde vive mucha gente y no pueden permanecer todo el día porque el espacio no lo permite.
Los pobres y las pobres que ocupan este territorio de informalidad, de desempleo, de desánimo, de subempleo y de precariedad son incapaces de seguir los protocolos de salud preventiva recomendados por la OMS. Incluso porque necesitan ir a los mercados, abarrotados de gente, para comprar alimentos, bajo el riesgo de contagio.
La pandemia sirvió para evidenciar y llamar la atención sobre un sistema económico y social destructivo que trata a las personas y la naturaleza como cosas mercantilizadas y comerciables.
En África, el derecho a la salud de los pueblos africanos es violado sistemáticamente por grandes corporaciones internacionales depredadoras que, además de extractivistas, son exportadores de contaminantes y residuos tóxicos al continente africano.
El sistema capitalista depredador no está convencido de que deba cambiar su modelo de ocuparse de la naturaleza integral que incluye al ser humano, hoy entendido como consumidor y también como una mercancía con obsolescencia programada.
Hablar del derecho a la salud implica una referencia a la justicia, tanto individual como social y ecológica. Es importante preguntarse: ¿quién decide sobre la justicia de toda una humanidad sacrificada por los que degradan la salud colectiva?
Existen varios tratados y organismos internacionales para asegurar la aplicación de normas protectoras del medio ambiente y los derechos humanos. Sin embargo, los resultados son irrisorios en la medida en que los poderosos tienen suficiente poder para eludirlos mientras vemos que la situación empeora y escuchamos relatos distópicas, preparando a la humanidad para la catástrofe ecológica que se aproxima.
- FLORBELA CATARINA MALAQUIAS
